La Competencia de la Corte Penal Internacional : por Yanira Velázquez

En esta oportunidad trataremos la competencia de la Corte Penal Internacional, para ello nos referiremos al ámbito temporal, material y personal sobre los cuales este organismo multilateral la ejerce.

El ámbito material (ratione materiae), viene determinado por los asuntos que puede conocer la CPI y que se encuentran taxativamente establecidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, éste último definido en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma realizado en el 2010. Esta enumeración refiere a los denominados crímenes internacionales, los cuales como todo hecho punible deben reunir los elementos de tipicidad,  antijuricidad y culpabilidad.

La tipicidad nos indica que la conducta debe corresponderse a un tipo penal establecido en el Estatuto, lo que tiene intrínseca relación con la garantía del principio de legalidad, tutelado en los artículos 22 y 23 del Estatuto de Roma, lo cual se refiere  a que es penalmente responsable siempre y cuando  el Estatuto disponga que la conducta constituye un crimen, de conformidad con los términos allí establecidos; en otras palabras, para que la CPI tenga competencia, es condición sine qua non que la conducta  pueda subsumirse en alguno de los supuestos establecidos en el Estatuto, y de allí que será siempre necesario evaluar la correspondencia con los supuestos establecidos en el artículo 6, 7, 8 y 9 en los cuales se precisan el contenido y los rasgos característicos de los crímenes de conformidad al Estatuto.

Ahora bien, este principio de legalidad no se encuentra tan claramente tutelado cuando se trata de la determinación de la pena a imponer, pues se deja a discreción de los magistrados la determinación de los años de reclusión o la reclusión a perpetuidad, condicionada ésta última solo por la “extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. La discrecionalidad se materializa en el hecho que el Estatuto no define qué o cuándo debe entenderse como extrema gravedad del crimen o cuáles son las circunstancias personales del condenado ¿quizás su posición de mando? ¿Quizás la actuación directa en el crimen?; adicionalmente, no existe precisión sobre qué va a determinar que una persona sea recluida un año, 15 años o 30 años, estas circunstancias contrarían el principio de legalidad, pues la pena no está claramente establecida y tampoco se dispone de un medio para tasarla.

Continuando con los elementos para determinar la competencia por la materia, debemos señalar que también debe estar presente el elemento de la antijuricidad, es decir, que la conducta vulnere un bien jurídicamente protegido, que en el caso que nos ocupa viene representado, por la vida, la integridad y seguridad de los seres humanos. Y, el tercer elemento que conlleva a la existencia de un crimen internacional es lo relativo a la culpabilidad contemplada en el artículo 30 del Estatuto, referido a la acción con intención y conocimiento de las consecuencias que va a producir dicha acción.

Por su parte, el ámbito personal o ratione personae, o sujetos de derecho sobre los cuales la CPI puede ejercer su competencia, se encuentra delimitado a las personas naturales mayores de 18 años para la fecha de la comisión del crimen, lo que la diferencia de otros tribunales que ejercían su competencia sobre Estados y otras personas jurídicas. Nótese que se habla de personas naturales mayores de 18 años, no existe otra condición,  por lo que incluso los altos funcionarios están sometidos a esta competencia, sin poder invocar su investidura para exonerarse de la posibilidad de ser juzgado por la CPI.

Finalmente, el ámbito temporal o Ratione temporis, determina que la CPI sólo conocerá de los crímenes cometidos durante la vigencia del Estatuto de Roma, estableciéndose de forma expresa el principio de irretroactividad, es decir, esta competencia se hace efectiva sólo desde que entró en vigencia el Estatuto de Roma o desde que los Estados lo ratifiquen.

En resumen, la competencia de la CPI se limita a los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión), cometido por cualquier persona mayor de 18 años, siempre y cuando su comisión haya ocurrido en vigencia del Estatuto de Roma o luego que el Estado correspondiente haya ratificado dicho Estatuto.

Yanira Velázquez

Abogada – Internacionalista

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