Los imprescriptibles

Ningún crimen internacional prescribe. Esa es una diferencia radical con los delitos comunes de derecho penal nacional. Se trata de una situación diferente, determinada por los principios de Derecho Penal Internacional, por lo que no puede evaluarse un hecho punible de los más graves como si fuera un delito común. El Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional (“ER”) está vigente desde el 1 de julio de 2002 y tiene plena jurisdicción sobre todos los habitantes de Venezuela, sin excepciones. Ya hay 139 países firmantes y 124 ratificaciones.

Cuando se creó la Corte Penal Internacional (“CPI”) se cumplió una aspiración de la humanidad entera. Los pueblos del mundo deben estar satisfechos, se ha creado la jurisdicción que dejará sin refugio terrenal a quienes cometan crímenes contra la humanidad. A partir de ahora los fugitivos tendrán que huir a otro planeta para escapar de la justicia. Cada vez quedan menos escondites y cómplices de tales injusticias.

Con la CPI se ha dado un paso histórico en la conciencia jurídica de la humanidad. Nuestro anhelo es que Venezuela tipifique esos crímenes en su legislación interna, por lo que el 10 de agosto pasado (ver: Justicia Universal para Venezuela. Disponible en: http://www.amnistia.ong/profiles/blogs/justicia-universal-para-venezuela) entregamos a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional el proyecto de Código de Derecho Penal Internacional (“CODEPI”) a los fines de que se puedan castigar penalmente tales crímenes en el país, sin tener que acudir a La Haya. Ello afianzará ese hermoso propósito universal, porque la CPI es una instancia complementaria a la principal, que es la de cada país suscrito al ER.

Mucho antes, el día 17 de julio de 1998 finalizaron las deliberaciones en Roma cuando la mayoría (132 de 192) de los países del orbe decidieron crear la CPI como una instancia global, previa a los hechos, adecuada, oportuna, eficaz y legítima, de castigar los más graves hecho punibles que hasta ahora han quedado impunes, y que han afectado a vastas poblaciones en distintas épocas de la historia humana. Esos crímenes, de repetirse, no quedarán sin castigo debido a que dicha Corte juzgará a quienes atenten contra los derechos fundamentales del ser humano.

Hugo Grocio (De jure belli ac pacis -Sobre el derecho de guerra y de paz-, París, 1625) habló de la necesidad de establecer pautas que definieran las reglas de la guerra y la paz. Hoy día, y luego de grandes devastaciones mundiales, y peor aún, de guerras civiles, crueles e insensatas, es cuando la humanidad se ha dispuesto a instaurar un mecanismo garante de los derechos naturales fundamentales de la especie humana, hoy positivados en instrumentos internacionales: el ER fue creado  para tutelarlos penalmente.

La paz es una de las más altas aspiraciones de la civilización, tal como lo pensó Kant (La paz perpetua, 1795). Ella es necesaria para la conservación de la vida. La vida es el supremo bien que tutela el Estado de Derecho. Para lograr la paz es necesario que se respeten las normas enmarcadas legítimamente. Hasta ahora, el mundo entero ha carecido de instrumentos legales de validez universal, que permitan ejercer la  represión de tales crímenes. Por lo que han quedado impunes hechos atroces, crueles y desmedidos en los cuales el poder aniquilador de la ambición de genocidas y criminales con poder político y militar, han provocado sufrimiento ilimitado a naciones indefensas frente a tales atropellos.

La Coalición por la Corte Penal Internacional (Ver: http://www.iccnow.org/?mod=coalition ) es una red de 2.500 organizaciones de 150 países de todo el mundo, entre las cuales está Amnistía Internacional, la cual ha cumplido una tarea efectiva para promover la creación de la CPI y la implementación en Venezuela (ver: Amnistía Internacional (ver publicación disponible en: http://amnistiainternacional.org/publicaciones/101-venezuela-la-lucha-contra-la-impunidad-a-traves-de-la-jurisdiccion-universal.html). Pero sabemos que apenas comienza la lucha por hacer que los mecanismos que se están creando sean efectivos, rápidos, justos e implacables contra todo aquel que afecte los derechos esenciales de la humanidad. Que son absolutos, inderogables, imprescriptibles, anteriores y superiores al Estado, y que no se negocian.

En Venezuela hace falta que se apruebe el Codepi y, así, tener listos los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra a los fines de que opere como un elemento de disuasión frente a las tentaciones de los poderosos. Mientras tanto, víctimas y victimarios tendrían que acudir a La haya y litigar en francés e inglés,  idiomas oficiales de la CPI.

En conclusión, no había mayor regalo que hacer a quienes han soportado vejaciones, persecuciones, muertes y lesiones de todo tipo que crear un tribunal con jurisdicción planetaria. Los defensores de los derechos humanos deben estar satisfechos. Pero, queda pendiente lo más importante: que la creación legal de la CPI de paso a su existencia real. Por ello, es de esperar que se tipifiquen estos crímenes en Venezuela al promulgar el Codepi.

Dr Fernando Fernandez

@FM_Fernandez

11 marzo fernando