Redimensionamiento del Estado venezolano. Empleo público, desestatización y privatizaciones

Entre los grandes temas tabú dentro del discurso político de los últimos años, se encuentra pendiente el asunto de la concepción del Estado, el alcance de sus responsabilidades y el diseño de una estructura apropiada que responda eficientemente al necesario equilibrio entre su intervención en la economía y el funcionamiento de las fuerzas del mercado.

En los últimos tres procesos electorales, los candidatos que representaban una alternativa al chavismo, Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonsky hicieron poca o ninguna referencia al necesario redimensionamiento del Estado, posiblemente por lo impopular de una idea que genera rechazo inmediato de los afectados en su rol de potencial clientela electoral.

Durante el periodo de gobierno del Chavismo, se reeditó una concepción hiperestatista de la función de gobierno, incrementando notablemente el empleo público, el cual ha sido utilizado no sólo como política social sino como un mecanismo clientelar para la utilización político partidista de los beneficiarios del empleo estatal.

Los mecanismos para dicho comportamiento en el empleo público y en el crecimiento del estado han sido diversos. Desde la simple contratación de personal no indispensable mediante una expansión del gasto salarial sin atención a la necesaria sostenibilidad del presupuesto público, pasando por la creación de múltiples nuevas estructuras del gobierno central, permitiendo y fomentando lo propio a nivel de los gobiernos regionales y municipales, la renovada incursión del estado como productor de bienes y servicios mediante la creación de un vasto tejido de empresas en diferentes sectores y finalmente, mediante la ola de expropiaciones y nacionalizaciones con las cuales, el gobierno del presidente Chávez y en menor medida, el de Nicolás Maduro, han cambiado profundamente la estructura institucional de la economía nacional, añadiendo a la nómina pública, los trabajadores de las empresas estatizadas.

Esta estrategia fue posible gracias al ingente influjo de recursos percibido por la economía nacional debido a los elevados precios del petróleo durante el super ciclo de los commodities, y al enorme endeudamiento en el que incurrió el gobierno del presidente Chávez con el objetivo de consolidar su modelo político y la revolución Bolivariana. La sostenibilidad de esa estrategia, sin embargo, fue siempre precaria como queda dolorosamente claro en la actualidad, en una situación en la que una disminución de los ingresos petroleros ha producido un colapso de los indicadores económicos y sociales, así como una importante destrucción de la capacidad de la nación para recuperarse en el corto plazo de la devastación originada por este modelo hiperestatista.

Desestatizar y privatizar

Del mismo modo que la estatización de los activos productivos no ha representado una socialización de los mismos, por cuanto estos han terminado siendo ”privatizados” por el funcionariado a cargo de su manejo, con terribles resultados desde el punto de vista de la eficiencia empresarial y los costos sociales asociados; una desestatización no representa en sentido estricto, una privatización de las empresas, al menos no en el sentido tradicional del término, de acuerdo a las experiencias históricas recientes vividas en América Latina, en el contexto de la aplicación de las recomendaciones del consenso de Washington.

En diferentes oportunidades he insistido en la necesidad de implementar un plan económico de mediano plazo, en el que se incluyan entre otras cosas, algunas medidas relacionadas con la estructura del estado, su tamaño y alcance.

Un plan de estabilización y crecimiento de la economía venezolana requiere necesariamente de una revisión profunda de la visión deseada de lo que el estado representa en la sociedad y especialmente en el rol del estado en la economía nacional, en tal sentido, entre algunas medidas puntuales se propone:

  • Congelación de la nómina pública del gobierno central, regional y local, entes descentralizados, empresas estatales, misiones y cualquier otro mecanismo que implique la creación de nuevas plazas de trabajo con cargo al presupuesto público. El objetivo evidente de esta medida es procurar una estabilización del gasto fiscal con miras a contribuir con la sostenibilidad del presupuesto público. Nótese que, a diferencia de un plan de ajuste clásico, no se recomienda una reducción de la nómina pública, por lo que se limitaría el impacto inmediato sobre la variable desempleo, especialmente en el interior del país, donde existe una mayor dependencia de la población respecto al empleo público.
  • En la actualidad el Estado venezolano es dueño de medios de producción industriales, agroindustriales, fincas y hatos, además de la tradicional propiedad sobre la industria petrolera, la riqueza minera del subsuelo, entre otras capacidades productivas. Del fracaso operativo y financiero de estas organizaciones, abunda la evidencia tanto anecdótica como de estudios y análisis que dan cuenta de tal situación. En este sentido, se propone que un nuevo gobierno inicie un proceso de desestatización de empresas no estratégicas en rubros tan variados como hoteles, teleféricos, sector automotriz, envases, papel, teléfonos celulares etc. Esta desestatización se concretaría mediante la venta de acciones a los trabajadores de esas empresas y el público en general a través de la Bolsa de Valores, lo que fomentaría un mayor compromiso de los interesados en la gestión de las empresas y su productividad, despojando al estado de la carga que estas empresas han representado para el presupuesto, y entregando a los trabajadores, los medios de producción necesarios para su progreso material.
  • Privatización “clásica”: Empresas de alta complejidad en sectores intensivos en tecnología y capital como el sector siderúrgico, aluminio y telecomunicaciones deben ser transferidas parcialmente mediante llamados a procesos internacionales de licitación para su operación. Una parte de las acciones deben ser colocadas a disposición de los inversionistas venezolanos mediante la bolsa de valores. La necesidad de inversiones para la actualización tecnológica para la superación del atraso en que han caído estas empresas demanda de divisas y capacidad técnica que el estado ha demostrado claramente no tener, lo cual en el caso del sector telecomunicaciones se constituye en un importante obstáculo para el desarrollo de la economía en el futuro.

En lo personal, no me opongo a la propiedad estatal de medios de producción en áreas estratégicas, como un mecanismo de equilibrio ante las insuficiencias de inversión y producción privada. El tema es extenso y complejo, e imaginar su viabilidad requiere más que unas pocas líneas. El exhorto, sin embargo, es a dar un amplio debate y a poner sobre la mesa de discusión los diferentes mecanismos para la reconstrucción del país, una vez superada la devastación económica representada con indiscutible claridad por Nicolás Maduro y su periodo de gobierno.

 

Econ. Javier Hernandez

@jhernandezucv

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